LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En el comercio internacional siempre han existido conflictos. En unas ocasiones se producen entre los Estados; en otras, entre los particulares, y en otras, entre Estados y particulares de otro Estado.

Los conflictos entre los Estados acababan con cierre de fronteras, alza de aranceles o imposición de barreras no arancelarias al comercio. Los conflictos entre particulares acababan en los tribunales de justicia.

Con relación a las reclamaciones de un extranjero contra un Estado normalmente se resolvían en los tribunales del Estado demandado, con las obvias implicaciones que esto tenía. La tendencia actual es establecer mecanismos para la solución de conflictos alternos a los tribunales de justicia, que pueden decidir sobre las materias especializadas del comercio internacional y que tengan la posibilidad de hacer cumplir sus decisiones.

ESTADO –VS- ESTADO
Uno de los resultados positivos de la ronda de Uruguay fue el establecimiento de los mecanismos y procedimientos para la solución de conflictos que se dan entre los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Una disputa surge cuando un Estado miembro de la OMC considera que otro miembro ha adoptado medidas que no cumplen con los acuerdos y compromisos de este organismo y por tanto, impiden el libre comercio. Como principio general, se trata de que las partes en conflicto lleguen por sí mismas a un acuerdo, a través de las consultas.

Por eso, en todas las etapas del conflicto se pueden celebrar consultas / negociaciones entre las partes para resolver el conflicto. También, el Director General siempre está disponible para ofrecer sus buenos oficios, para resolver el conflicto a través de la mediación o para conciliar a las partes.

El cuerpo de solución de conflictos, DSB por sus siglas en inglés, es el responsable de resolver los conflictos, de establecer los paneles de expertos para resolver un caso, de aceptar o rechazar las decisiones de los paneles y las decisiones de una apelación. También supervisa el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de los paneles y apelaciones y autoriza las medidas retaliadoras. En una etapa inicial, cuando un Estado considera que existe una violación por parte de otro Estado, llama a consultas a la contraparte para tratar de resolver el conflicto. Esta etapa puede durar hasta sesenta días. Si el conflicto no se resuelve a través de estas consultas, las partes pueden pedirle al director general que medie entre ellas o trate de conciliarlas.

Si las consultas no resuelven el problema y no se pide la intervención del director general, entonces se puede solicitar la construcción d un panel. El panel está compuesto por tres o cinco expertos en la materia del conflicto, designados por acuerdo de las partes y si éstas no se ponen de acuerdo, entonces el director general los designa. Hay un plazo de cuarenta y cinco días para nombrar el panel u éste tiene hasta seis meses para dar su opinión. Este período puede acortarse por motivos de urgencia, como es el caso cuando bienes perecederos son objeto del conflicto. Dentro del período establecido, las partes en conflicto presenta su caso ante el panel, por escrito y oralmente, tienen oportunidad de contradecir la posición de la otra parte, se puede escuchar la opinión de los expertos en la materia, se redacta un primer borrador que contiene los hechos y argumentaciones del caso y que se circula entre las partes, para sus comentarios.

Luego el panel emite un reporte provisional que incluye sus hallazgos y conclusiones, el cual se entrega a las partes las cuales podrán pedir su revisión. Si se pide la revisión, el panel se reúne para hacer lo propio. Luego se emite el reporte final, el cual es circulado entre los miembros de la OMC, tres semanas después de que fuera entregado a las partes.

Si el panel considera que la violación existe, recomienda que la acción acusada se ajuste a los acuerdos e inclusive puede sugerir la forma en que esto puede hacerse. El informe final se convierte en una decisión del DSB a los sesenta días de su emisión, a menos que haya sido rechazado por éste por consenso o que cualquiera de las partes apele. En la apelación se discuten cuestiones de derecho y no de hecho. No se revisan las pruebas presentadas al panel, ni se admiten nuevas pruebas.

La apelación es atendida por el cuerpo de apelaciones. En esta etapa se puede mantener, modificar o revocar el reporte de DSB. La apelación debe ser resuelta entre sesenta y noventa días. El DSB tiene que aceptar o rechazar la apelación dentro de los treinta días siguientes a su emisión.

La facultad de DSB de rechazar los reportes del panel o del cuerpo de apelaciones se ejerce por consenso. Es decir, por acuerdo de todos sus miembros, lo que hace difícil el rechazo. Reconocida la violación de los acuerdos de la OMC, el Estado condenado tiene que declarar su intención de cumplir con la decisión ante el DSB en una reunión que se celebra dentro de los treinta días siguientes a la adopción del informe. Si no hace los correctivos indicados, entonces tiene que negociar con la contraparte las compensaciones que pagará por violar los acuerdos de la OMC.

Si no llegan a un acuerdo sobre estas compensaciones, entonces la parte demandante puede pedirle permiso al DSB para imponer sanciones. Estas sanciones se deben imponer en el mismo sector del que surgió el conflicto. Si esto no es posible o se cree que sería efectivo, se pueden imponer en otro sector.

Particular –vs- particular
En el comercio internacional la solución de conflictos entre los particulares conlleva la problemática de la selección del foro, de la legislación aplicable y la especialización de los jueces en la materia del conflicto. Normalmente la parte poderosa de la relación impone su foro y legislación, dejando a la contraparte, nacional de otro Estado, con la incertidumbre y la carga de tener que someterse a tribunales y legislación extranjeros.

Además, siempre queda latente el problema de la falta de especialización de los jueces y el tiempo que pueda tomar el proceso, ya que la “mora judicial” no es un fenómeno extraño en la mayoría de los países. Una solución que se utiliza es someter estos conflictos a arbitraje. Es decir, a tribunales particulares, compuestos por especialistas en la materia del conflicto, que se rigen por normas de procedimientos ágiles y que en principio tratan de resolver el fondo del conflicto a la mayor brevedad posible.

Existen organismos dedicados a brindar el servicio de arbitraje, que cuentan con sus listados de árbitros y procedimientos pre-establecidos para la solución de los conflictos. Una particularidad de los tribunales arbitrales es que sus integrantes no requieren ser nacionales del país en donde se celebra el arbitraje, ni requieren ser nacionales del país de ninguna de las partes.

Lo que se exige de los árbitros es su pericia en la materia del conflicto. Las partes también pueden convenir en celebrar su arbitraje fuera de estos organismos, en cuyo caso tendrían que convenir en las reglas de procedimiento que aplicarán a su conflicto, lo que puede hacer demorar el arbitraje y crear incertidumbre.
Cada organismo tiene sus reglas de procedimiento, respetando los principios procesales del derecho a ser oídos de cada parte, el derecho a presentar pruebas y el derecho a alegar a favor de su causa. Estos procesos se caracterizan por su flexibilidad en materia de procedimiento y amplitud con respecto a las pruebas. En Panamá, el Decreto ley No. 5 de 8 de julio de 1999 regula el arbitraje, el cual contempla la posibilidad de celebrar arbitrajes internacionales en el país.

Además existe el centro de conciliación y arbitraje de Panamá como organismo dedicado a brindar el servicio de arbitraje, el cual cuenta con su reglamento interno que establece sus procedimientos y tarifas a aplicar en cada conflicto.

En nuestra legislación, los arbitrajes pueden ser en derecho o en equidad. En los primeros se decide conforme a la ley, y en los segundos conforme al leal saber y entender de los arbitradores sin sujeción a las reglas de derecho. En caso de que el arbitraje sea en derecho, los árbitros tienen que ser profesionales del derecho. Cuando el arbitraje sea en equidad, profesionales de otras ramas podrán ser arbitradores y decidirán sobre conflictos relacionados con sus especialidades. Lo importante es que los particulares pueden someter su conflicto a arbitraje, ante un tribunal constituido por especialistas en la materia del conflicto, que buscan, en principio, resolver sobre el fondo de la controversia en un corto período de tiempo, lo cual constituye una alternativa a los tribunales ordinarios y brinda cierto grado de seguridad e inclusive de privacidad.

Particulares -vs- Estados
Más recientemente, dentro del marco del libre comercio, la protección ambiental y la promoción de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), se ha convenido la posibilidad de que los particulares demanden a los Estados que violen las normas de los tlc, o de los acuerdos paralelos dentro de los cuales surge el conflicto. Cabe señalar que no todos los tlc y acuerdos paralelos contemplan esta posibilidad, pero es previsible que en el futuro así sea.

Estos conflictos se resuelven por medio de los mecanismos establecidos en los respectivos tratados o acuerdos. Por lo general siguen los lineamientos de los mecanismos para la solución de conflictos de la OMC. Lo importante es saber que existe la posibilidad de que los particulares lleven a los Estados a un proceso fuera de los tribunales del propio Estado, que existe la posibilidad de reclamar los daños causados por los Estados debidos a la violación de los tratados y acuerdos. La idea es facilitar el cumplimiento de los tratados y acuerdos y proteger a los particulares que actuaron conforme a los mismos.

Por: Lic. Julio R. Ramírez R.

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